La Asamblea Legislativa aprueba dos préstamos para la ampliación de la ruta San José–San Ramón

La Asamblea Legislativa aprobó los préstamos que financiarán la obra, por un total de $770 millones. 

Entre números grandes y decisiones políticas, el avance marca, al menos en papel, un intento por destrabar uno de los proyectos viales más discutidos del país.

A ver, lo que se aprobó no es la construcción en sí, sino su financiamiento. Es decir, el dinero para poder hacer la obra. Son dos créditos: $600 millones del BCIE y $170 millones del Fondo OPEP. 

O sea, el país va a construir la carretera, sí, pero con plata prestada que tendrá que pagar con el tiempo. 

Pero, ¿por qué tanto énfasis en esta ruta? 

Bueno, porque conecta zonas muy importantes en el occidente del país: áreas productivas, zonas francas, centros logísticos y el Aeropuerto Juan Santamaría. Además, atraviesa 31 cantones donde vive más de la mitad de la población del país. 

Sobre la obra, el plan contempla intervenir unos 55 kilómetros divididos en 7 tramos. En algunos sectores se ampliarán carriles, y en otros se harán ajustes para mejorar el flujo.

El gobierno eligió este modelo después de que fallaran dos intentos anteriores: la concesión a la empresa OAS (en la administración de Laura Chinchilla) y el fideicomiso con el Banco de Costa Rica (en las administraciones del PAC).

Y ahora… ¿qué sigue?

Sin embargo, el proyecto todavía tiene que pasar por una serie de pasos extra. 

Por ejemplo, los recursos deben incorporarse al presupuesto nacional, esto quiere decir que la plata no está disponible de inmediato. A eso se suma un tema que suele complicar bastante este tipo de proyectos: las expropiaciones. 

Según Mideplan, actualmente faltan más de 500 propiedades por resolver, lo que podría retrasar el arranque si no se gestiona bien. Las expropiaciones pendientes ascienden a 113 millones de dólares, y representan un 38,8% del área del proyecto.

Las novedades…

En materia de control, el proyecto incluye algunas nuevas salvaguardas. Por ejemplo, se deben realizar informes periódicos al Congreso y reglas de transparencia para que se pueda revisar cómo se adjudican los contratos y en qué se usan los recursos. 

Y, bueno, también está el tema del costo. El crédito principal tiene una tasa de interés cercana al 6,7%, lo que lo convierte en el préstamo más caro que tiene el Estado costarricense. 

Ahora bien, durante el trámite del proyecto, el BCIE anunció que, gracias a una mejora en su calificación de riesgo y a sus resultados financieros, reducirá en 0,15 puntos porcentuales las tasas de interés de todos sus préstamos, a todos los países, a partir de junio de 2026. Esta rebaja podría generar un alivio cercano a los $145 millones en el coste de la obra.