Se mueven los proyectos de la Ley Jaguar: Japdeva

Hay un proyecto que viene arrastrándose desde el gobierno de Rodrigo Chaves y que esta semana dio un paso importante en la Asamblea Legislativa: la Marina y Terminal de Cruceros de Limón.

Y si esto les suena conocido es porque todo empezó con la Ley Jaguar, dentro de esta había una reforma para la Ley de Japdeva en la que le permitía hacer alianzas con empresas privadas y así construir la marina y terminal.

*Japdeva es la institución pública que administra los puertos del Caribe y tiene como misión impulsar el desarrollo económico de la provincia de Limón.*

Lo que se criticó en su momento fue básicamente que los cambios intentaban reducir los controles a la hora de contratar empresas privadas y por ende, saltarse algunos pasos que si bien eran tediosos, sirven para verificar la legalidad y seguridad de la alianza.

De hecho, no se pudo llevar a cabo porque la Sala Constitucional la declaró inconstitucional dos veces.

Sin embargo, en agosto del 2024 la entonces diputada del PUSC, María Marta Carballo presentó un proyecto de ley “mini jaguar” en el que incluyó específicamente el pedacito que hablaba de Japdeva - pero como imaginarán en la última asamblea, ahí se quedó sin mucho movimiento.

Peroooo, recientemente vimos cambios.

Las cinco fracciones de la Asamblea -Pueblo Soberano, Liberación Nacional, Frente Amplio, PUSC y Coalición Agenda Ciudadana- llegaron a un acuerdo y aprobaron de manera unánime un texto sustitutivo, de hecho, fue justo su mayor opositor -el FA- el que lo propuso y lo apoyaron todos.

La diferencia es básicamente lo que les decía antes que criticaban, por lo tanto, permiten hacer alianzas estratégicas fuera de los procedimientos ordinarios de contratación, pero todavía respetando principios de transparencia, fiscalización y rendición de cuentas, principios que ahora sí, continuarán siendo protegidas y supervisadas por la Contraloría General de la República.

De hecho, la misma Contralora hizo observaciones al texto y la semana pasada las diputaciones las aprobaron y las adaptaron al texto.

Porque recordemos la guerra civil que se hizo entre esta institución y el Gobierno porque se decía que la falta de potestad de supervisión de esta institución era una de las cosas -si no la más- juzgadas en la ley a nivel general.

Ahora el texto actualizado se publica en La Gaceta, pasa por unas consultas a instituciones (que probablemente pasen súper rápido porque todo se ha hecho de la mano con estas) y se vuelve a votar en primer debate (que -de nuevo- probablemente no encuentre problemas porque los cambios fueron apoyados por todas y cada una de las bancadas).